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No basta con llorar, hay que actuar

22-07-2014

Gonzalo Boye Tuset

En 2009 me invitaron a formar parte del Comité Independiente de Juristas de la Liga Árabe para determinar, desde una perspectiva jurídica, lo sucedido en Gaza durante la operación ” Plomo Fundido”; fue un trabajo duro, brutal en lo emocional y estimulante en lo profesional. Como consecuencia de dicha misión elaboramos un informe, al que denominamos ” No Safe Place” y cuyas conclusiones, lamentablemente, siguen siendo válidas.

Sobre lo sucedido en “Plomo Fundido”, determinamos que miembros de las fuerzas armadas de Israel habían cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, genocidio; también se estableció que el Estado de Israel era responsable de los actos cometidos por sus militares de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión Legal Internacional en su informe de 2001.

Y, al respecto, recomendamos que el propio Estado de Israel activase su jurisdicción penal para la investigación de tales crímenes, pero siendo conscientes de que esta propuesta no sería admitida por las autoridades israelíes, planteábamos que los caminos a seguir pasaban por la persecución de los responsables en terceros países, en base al uso de la Jurisdicción Universal y, de forma complementaria, que se activasen los mecanismos para acudir a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Muchos se plantearon que la CPI no tenía Jurisdicción porque Israel no era parte del Estatuto de Roma y Palestina no estaba reconocido como estado; en realidad, nuestra propuesta, que sigue siendo válida en el momento actual, consistía en que sobre la base del artículo 13 del Estatuto de Roma fuese el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que refiriese el caso al Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Entonces, como ahora, soy plenamente consciente de que ese camino es legalmente posible pero políticamente improbable porque los estados miembros del Consejo de Seguridad, siguiendo las directrices de EEUU, no están preparados para, alejándose de culpas históricas, asumir que Israel se ha transformado en un Estado que comete los más serios crímenes que conoce nuestro ordenamiento internacional y que merece tener su propio proceso de Núremberg.

Transcurridos cinco años no sólo no se han seguido esas recomendaciones sino que, además, se ha generado un escenario en el cual gobiernos cobardes y cómplices de la barbarie, entre los que destacan el del PSOE con la reforma de 2009 y el del PP con la de 2014, han desmontado aquellos mecanismos que permitían perseguir, mediante el uso de la Jurisdicción Universal, este tipo de crímenes para que la impunidad no sea el alimento de la siguiente barbarie.

Sin entrar a discutir la etiología delictiva de lo que está sucediendo en Gaza lo relevante es que ante la inexistencia de auténticos mecanismos de exigencias de responsabilidades, los criminales se crecen y tienden, de forma natural, a la reiteración delictiva; Israel no está actuando de forma distinta a como lo haría cualquier asesino en serie: mientras no me pillen, sigo a lo mío.

Nada cambiará, excepto el número de víctimas. Mientras, la comunidad internacional no asume que lo que se necesita es una respuesta dura o durísima, a través de los instrumentos jurídicos existentes, para exigir responsabilidades penales a quienes forman parte de la cadena de mando de tan atroces crímenes como los que estamos viendo a diario en aquellos medios que no se han posicionado de forma “equidistante” entre verdugos y víctimas, como si la equidistancia fuese posible.

Pero no todo pasa, de forma exclusiva, por la exigencia de responsabilidades penales, también deben exigirse aquellas de carácter político, social y económico que hagan ver a una sociedad enferma, que ya no forma parte de la comunidad internacional. En su día se hizo con la Sudáfrica racista y hoy debe hacerse con ese Israel que sustenta su existencia y proceso de expansión territorial en el crimen de guerra, en el crimen de lesa humanidad y, posiblemente, en el genocidio visto desde una perspectiva de actuación individual, como en su momento valoraron en los Tribunales Penales para la ex-Yugoslavia en la sentencia del caso Prosecutor v Kupreskic de la ICTY.

Los mecanismos de exigencias de responsabilidades políticas son muy variados y, sin duda, habrá de comenzarse por su aislamiento político, por el distanciamiento y enfriamiento en las relaciones diplomáticas, por la generación de escenarios políticos de exigencia de responsabilidades y por la cancelación de cualesquiera acuerdos políticos que beneficien al Estado de Israel e, incluso, la exigencia de visados para que sus ciudadanos puedan visitar nuestros países.

En lo social habrá de acudirse a mecanismos de boicot similares a los utilizados para derribar el apartheid en Sudáfrica. No existe ninguna razón ética, social, geográfica o política que permita que Israel participe en competiciones deportivas o musicales europeas cuando es evidente que no compartimos los valores que motivan a Israel a asesinar masivamente civiles, amparándose en lo que ellos denominan “defensa propia”.

Los ciudadanos de Israel tienen que visualizar que nosotros, la comunidad internacional, no compartimos sus valores y que mientras no los cambien no queremos, ni tan siquiera, practicar deportes o siquiera cantar con ellos. A quienes les parezca absurdo este planteamiento, les recuerdo el daño que hizo a los racistas del apartheid el que sus equipos de rugby no pudiesen jugar a nivel internacional.

El éxito del boicot a la Sudáfrica racista radicó en su generalización y, especialmente, en que también afectó a aquellos extranjeros que acudían a dicho país amparándose en que solo eran deportistas, cantantes o intelectuales ajenos a la política; el boicot a este tipo de situaciones no es una postura política sino ética que mientras más generalizada más valiosa resulta.

En lo económico, el castigo tiene diversas vertientes pero las principales son la supresión de cualesquiera acuerdos comerciales que existan con Israel, el no consumir productos israelíes, el denunciar a las empresas que invierten o hacen negocios en o con Israel y, también, a las que aportan medios y tecnología para la comisión de los crímenes que estamos denunciando.

Al igual que dijimos en 2009, los pasos legales a seguir son muy claros y necesarios pero ahora corresponde ir más allá y proceder a aislar a Israel y hacerles ver que, mientras no abandonen su política criminal contra Palestina, no compartiremos nada con ellos.

Ya no es tiempo de llorar sino de actuar y cada uno de nosotros puede y debe hacer de esta causa y boicot una trinchera desde la que combatir, con los mimbres de la no violencia activa, en contra de quienes han hecho del crimen de guerra, del crimen de lesa humanidad y, posiblemente, del genocidio su causa de existir, porque esto es lo menos que le debemos a un pueblo al que hace mucho tiempo abandonamos a su suerte: el palestino.

Autor: Gonzalo Boye Tuset / Publicado en eldiario.es

Gonzalo Boye Tuset Abogado nacido en Chile, profesor de Derecho procesal-penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, asesor del European Center of Constitutional and Humand Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza. Editor de Revista Mongolia y miembro del equipo jurídico que ha presentado una de las querellas contra Bárcenas.

Fuente: eldiario.es.